“Definición de ‘Estado de Justicia’”.

Publicado: enero 10, 2012 en Reflexiones

La Constitución afirma en su Preámbulo que se actuó “con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, … en un Estado de justicia”, expresando (artículo 2) que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

El concepto de justicia, como valor esencial, es básico para los abogados, por lo que en su decálogo el maestro procesalista uruguayo Eduardo Couture invita a los profesionales del derecho a luchar por éste, aunque con preferencia por la justicia:

“Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho y la justicia, lucha por la justicia”.

Pero, qué quiso decir el constituyente con Estado de Justicia? En la exposición de motivos se asocia la institución con el bienestar, el desarrollo libre de la personalidad, la igualdad, el goce irrestricto de los derechos humanos y el logro de una calidad de vida digna, por un lado y, por el otro, específicamente, con la gratuidad, la igualdad y la accesibilidad de la justicia, la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva y la “garantía procesal efectiva” de los derechos humanos.

En consecuencia, su vigencia depende, indefectiblemente, del respeto de los derechos humanos en general, de la actuación ética de los poderes públicos, en resguardo de la dogmática constitucional, y del libre acceso a la justicia y el goce pleno del derecho a la tutela judicial efectiva.

Ahora bien, profundizando en los aspectos fundamentales, es menester arribar a la tradicional y clásica idea de justicia, de basamento moral (Enciclopedia Jurídica Opus), que, según el jurisconsulto romano Ulpiano, ha de ser entendida como “la voluntad firme y continuada de dar a cada uno lo suyo”.

Así, cada vez que un órgano estatal emita un acto normativo, judicial o administrativo, por más conforme a derecho que el mismo se encuentre, si su aplicación conduce a situaciones injustas, donde el afectado no reciba lo que le corresponde en el plano ético, éste debe poder encontrar la solución en la tutela judicial. Véase la sentencia del Máximo Tribunal del 20 de marzo de 2001 (caso: Marvin Enrique Sierra Velasco, Sala Político-Administrativa con ponencia conjunta), que destaca al proceso como herramienta privilegiada de justicia:

“Estima esta Sala, como máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que los valores recogidos en la nueva Carta Constitucional, según los cuales se consagra de manera específica la figura de una justicia garantista que asegure la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, (artículo 26 eiusdem); la simplificación de trámites, derivado de la concepción del proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257 eiusdem)…” (subrayado nuestro).

El carácter iusnaturalista de nuestra Constitución, de inspiración moralista, debe superponerse, en virtud por lo demás del propio principio de supremacía (artículo 7: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”), a simples normas legales positivas, que a más de poder ser anuladas mediante el control concentrado de constitucionalidad, podrían ser excluidas por todo juez competente, en uso del control difuso de constitucionalidad, como también a sentencias revisables y actos administrativos anulables, poniendo de relieve el carácter normativo directo del Texto Fundamental.

En conclusión, dejando de lado el lastre iuspositivista que llegó a justificar al derecho por si mismo y, con ello, a título ilustrativo, al derecho del nacional socialismo alemán y sus consabidas atrocidades, con la Constitución debemos afirmar, sin temor, que las normas jurídicas, trascendiendo al ordenamiento jurídico positivo y remontándose a su mensaje dogmático preestatal y iusnaturalista, “sólo son válidas si son justas” (Emilio Spósito Contreras, “La responsabilidad de la Administración como demanda de justicia”, borrador de investigación), es decir, se atañe a “lo justo como valor supremo del derecho” (Eduardo García Maynez, “Filosofía del derecho”: “La validez de las normas jurídicas depende, pues, de que sea posible fundarlas en el juicio de valor que atribuye un predicado axiológico positivo a la conducta cuya realización esas normas exigen, ya de un sujeto, ya de todos los de cierta clase. El problema básico de la teoría de la justicia no consiste en determinar la igualdad o la diferencia de los casos de aplicación de los diversos preceptos, sino en establecer, relativamente a situaciones concretas de la experiencia jurídica, qué consecuencias de derecho tales situaciones deben producir”).

Por: Alberto Blanco-Uribe Quintero. Abogado, profesor UCV, Coordinador General de la Cátedra Libre y Voluntariado en Derechos Humanos UCV

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Comentarios
  1. Estudiante de Derecho dice:

    Muy buena infornación saludos desde la universidad de margarita

  2. Hearly m dice:

    buen análisis, abundar mas al respecto no es para nada despreciable. saludos prof.

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