De la obligación de recibir de la Administración Pública, o no me reboten mas por favor

Publicado: septiembre 15, 2011 en Reflexiones
La siguiente es una reflexión acerca de la experiencia común de toda persona que tiene la necesidad de plantear algo ante la taquilla de cualquiera dependencia administrativa venezolana, sobre un aspecto central y trascendental para el verdadero disfrute de los derechos constitucionales de petición y obtención de oportuna y adecuada respuesta, y al debido proceso.
I
Introducción:
El que la propia Constitución de la República y un número por demás innecesario de leyes y otros actos con rango de ley, normas con mera vigencia formal, consagren que, en Venezuela, todos tienen derecho a dirigir peticiones y representaciones a los órganos de la Administración Pública, los cuales, siguiendo las reglas del debido proceso y en el ámbito de sus competencias legales, deben recibirlas, hacerlas subsanar (según los casos) y responderlas adecuada y, sobre todo, oportunamente, no significa que tengan vigencia real, pues desafortunadamente la cotidianeidad en las relaciones procesales entre la Administración Pública y los administrados pone de bulto que los funcionarios públicos, en gran cantidad y en una notable frecuencia de casos, a parte de que no responden oportunamente, lo cual de por si es grave, ni siquiera reciben las peticiones o las rechazan, sin control de legalidad posible, por falta o dificultad de prueba, de manera oral, en detrimento de la institución del “despacho subsanador” o “despacho saneador”, incluso por el supuesto incumplimiento de requisitos o exigencias formales que, o bien no tienen base legal o reglamentaria, o bien si la tienen, pero las normas legales prohíben que se las exija en determinadas circunstancias.
Esta lamentable situación cuestiona fuertemente que pueda afirmarse, en Venezuela, que de verdad la Administración Pública se encuentra al servicio de los administrados, vale decir de la sociedad o de la colectividad en general, y que, por tanto, se subordine a los principios constitucionales de legalidad, de transparencia, de proporcionalidad, de participación, de celeridad, de eficacia y eficiencia, de buena fe y de responsabilidad; y, lo que es aun peor, que Venezuela sea “un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, …, la igualdad, …, la democracia, … y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética …”; que el Estado tenga “como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, …, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución”; que la Constitución sea “la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”; y, que el Estado garantice “a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen”.
En definitiva, la actual y por décadas reiterada práctica administrativa de negarse a recibir, o ilegal e informalmente condicionar la recepción de las peticiones, solicitudes, representaciones, consultas, descargos, probanzas, recursos, etc., que les son dirigidos por los administrados, a mas de resultar contraria a la moral y ética republicana, es gravemente violatoria de los derechos humanos y su marco dogmático principista, y acaba por erigirse en un insalvable obstáculo para la verdadera democratización de la Administración Pública, sobre lo que hay que reflexionar, simplemente para desempolvar dos viejos adagios: “Lex dura Lex” y “dadle a cada quien lo que en justicia le corresponda”, como columnas vertebrales de la convivencia pacifica y el desarrollo digno y libre de la persona, como fines esenciales de la institución estatal.
II
Dos derechos esenciales: de petición y obtención de oportuna y adecuada respuesta, y al debido proceso:
Dos de los derechos esenciales de la persona humana, consagrados o recogidos no solamente en la Constitución de la República, sino también en otros textos normativos de idéntica jerarquía jurídica, como lo son la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, lo son, sin duda, los denominados derechos de petición y de obtención de oportuna y adecuada respuesta, y al debido proceso.
En este sentido, la Constitución, la Convención y el Pacto mencionados disponen, en sus artículos 49 (numeral 1) y 51, de la primera, 8.1, de la segunda, y 14.1 del tercero, lo siguiente:
“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso…”.
Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo”.
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…”.
Esta obligación de atender prestamente, y de absolver en su momento y en resguardo de los principios de buena y fe y confianza legítima, previsto en el artículo 10 del Decreto Nro. 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y de proporcionalidad, estatuido en el artículos 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuanta petición, pedimento, solicitud, requerimiento, consulta, descargo, probanza, recurso, y similares, pueda cualquier persona, natural o jurídica, de derecho público o de derecho privado, dirigir, dentro del ámbito de su competencia, ante cualquier dependencia, órgano o funcionario de la Administración Pública, y todo ello siempre dentro del mas estricto espíritu del debido proceso, tiene su fundamento, principalmente, en la idea constitucional de que la Administración Pública, bajo el concepto de Estado-Comunidad, no es otra cosa que una estructura organizativa instrumental, exclusivamente estatuida con la finalidad de satisfacer, claro que el interés general, pero también y no en menor medida, cuanto interés privado o individual se presente requerido de una autorización o de una aclaratoria, decisión, certificación o constancia, que se vuelve herramienta para el logro del bien común.
De esta forma, obviamente no sería posible, a título meramente ilustrativo, garantizar el adecuado expendio de alimentos y medicamentos, la instalación de nuevos establecimientos o centros educativos o de salud, ni tampoco la calidad de las aguas y de la atmósfera, con el objeto de salvaguardar el interés general involucrado en la necesidad de asegurar el disfrute de los derechos humanos a la salud, a la educación, a la alimentación y a la protección de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sin del mismo modo haber, previamente, satisfecho el goce pleno de los intereses privados o individuales de quienes, mediando sus derechos humanos a la propiedad y a la libertad económica, han solicitado la emisión de las respectivas autorizaciones, aprobaciones, permisos o licencias.
III
Fundamentos normativos de los derechos de petición y obtención de oportuna y adecuada respuesta, y al debido proceso:
En este orden de ideas, encontramos los llamados fundamentos normativos de los derechos de petición y obtención de oportuna y adecuada respuesta, y al debido proceso, dentro de los cuales es menester descollar el que presupone que la Administración Pública se encuentra al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, y subordinada, entre otros, a los principios de participación (derecho a participar concretado acá en la posibilidad de dirigir peticiones y representaciones, y en defenderse, alegar, contra argumentar y probar), celeridad (respuesta oportuna), eficacia y eficiencia (respuesta pronta y adecuada), y responsabilidad (que puede ser civil, penal, administrativa y disciplinaria, y hasta moral o ética).
A la sazón, el artículo 141 de la Constitución de la República prevé que:
“La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.
Ahora bien, esta terminología empleada por el texto constitucional, de “ciudadanos y ciudadanas”, exige una precisión, toda vez que no se la está usando en sentido técnico, ni mucho menos.
En efecto, cuando el constituyente eligió la utilización de tal terminología, no lo hizo con el objetivo de reservar la vigencia de tales principios esenciales únicamente en provecho de aquellos sujetos de derecho que fuesen titulares de los derechos políticos, acorde con los artículos 39, 62 y 64 de la propia Constitución, que exigen, entre otros aspectos relevantes, la condición de persona natural, la nacionalidad venezolana y la plena capacidad civil. Muy por el contrario, como “contraparte” de la Administración Pública, en el ámbito de la relación jurídica sustantiva o procesal administrativa, nos topamos con lo que la doctrina del derecho administrativo cataloga de “administrados”, los cuales pueden ser personas naturales (nacionales o extranjeras, residentes o no, mayores o menos de edad, titulares o no de derechos políticos, capaces o no en derecho, vale decir, técnicamente, ciudadanos o no), o personas jurídicas (de derecho público o de derecho privado, civiles o mercantiles, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no, jamás catalogables de ciudadanas, por carecer siempre de derechos políticos), que pueden incluso ser o no ser contribuyentes.
De lo anterior, resulta mas adecuada la terminología de “personas”, empleada por el legislador, en el Decreto Nro. 6.217 con Rango, Valos y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en cuyo artículo 5, en desarrollo del precepto constitucional en comentarios, expresa:
La Administración Pública está al servicio de las personas, y su actuación estará dirigida a la atención de sus requerimientos y la satisfacción de sus necesidades, brindando especial atención a las de carácter social”.
Usada igualmente por el Decreto Nro. 6.265 con Rango y Fuerza de Ley de Simplificación de Tramites Administrativos, especialmente en su artículo 35:
La funcionaria o funcionario público es, ante todo, un servidor público y como tal su actividad debe estar dirigida a servir eficientemente a las personas procurando la plena satisfacción del interés colectivo”.
Como en varias de sus disposiciones normativas, como lo son, entre otros, sus artículos 3, 4, 9 y 27.
E incluso la de “particulares”, empleada desde hace décadas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, donde destaca su artículo 5:
“A falta de disposición expresa toda petición, representación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la administración pública …”.
Adicionado a otros dispositivos, como sus artículos 41, 48, 78 y 683.
En los artículos 14 y 252 del Código Orgánico Tributario.
Y hasta en la propia Constitución de la República, como se desprende de sus artículos 103, 113, 135, 140, 223 y 285.
Aunque, como es evidente, si bien las palabras “persona” y “particular” son de mucho mayor alcance conceptual que la palabra “ciudadano”, por lo ya expresado previamente, resulta una máxima de experiencia que su uso cotidiano (por el hombre de la calle) es comúnmente asociado a la idea de persona natural o, en el mejor de los casos, a la de personas naturales y personas jurídicas de derecho privado, dejando por fuera a otros sujetos de derecho, que pueden ser parte de una relación jurídica administrativa o estar involucrados incluso como iniciadores, en un procedimiento administrativo, sea constitutivo o impugnatorio, como lo son las personas jurídicas de derecho público.
En consecuencia, mejor que “personas” o “particulares”, y en extremo mejor que “ciudadanos y ciudadanas”, la terminología correcta es la de “administrados”, de gran aceptación doctrinal y jurisprudencial en nuestro país, y fuera de él.
Acertadamente, pues, el dispositivo del artículo 6 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos la toma en su redacción, al establecer:
“Cuando la administración haya incurrido en mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los administrados y ello acarreare daño patrimonial, el funcionario o funcionarios a quienes competa la tramitación del asunto, además de las sanciones previstas en esta ley, será responsable civilmente por el daño ocasionado a la administración”.
Junto a otros, como los contenidos en los artículos 11, 24, 25, 28, 29, 43, 44 y 70.
En el solitario (al respecto) artículo 242 del Código Orgánico Tributario.
E, incluso, la misma Constitución de la República, en su aislado artículo 281, numeral 2.
Esta terminología de “administrados” es comprensiva también de la de “contribuyentes”, presente, entre muchos otros dispositivos legales, en los artículos 16, 22, 23, 34 y 194 del  Código Orgánico Tributario.
En definitiva, los administrados han de ser servidos por los funcionarios públicos, siendo que este principio de vocación de servicio encuentra regulación específica en el artículo 9 del vigente decreto reglamentario denominado Código de Conducta de los Servidores Públicos, con énfasis en la diligente, esmerada, dispuesta, receptiva, cortés, pronta y oportuna respuesta que se debe dar a toda solicitud o petición del administrado:
“La vocación de servicio excluye conductas, motivaciones e intereses que no sean los institucionales y se patentiza en acciones de entrega diligente a las tareas asignadas. Implica disposición para dar oportuna y esmerada atención a los requerimientos y trabajos encomendados, apertura y receptividad para encausar cortésmente las peticiones, demandas, quejas y reclamos del público, así como el contestarlos pronta y oportunamente”.
Por cierto, el artículo 11 “eiusdem” caracteriza el principio de eficacia administrativa, entre otros extremos, por la actuación administrativa “en el menor tiempo posible”.
III
Los términos legales de decisión, que modelan la oportunidad de las respuestas. La Obligación legal de recibir y la responsabilidad por no hacerlo o dilatarse en responder:
Empero, volviendo a los fundamentos normativos de los derechos constitucionales de petición y de obtención de oportuna y adecuada respuesta, y al debido proceso, conviene tener presente el contenido de dispositivos legales que, en aquellos casos que no requieren de sustanciación, establecen el término máximo de duración del procedimiento administrativo iniciado a instancia de parte interesada (que no de oficio por la Administración Pública), para la emisión de la respuesta, como los son los artículos 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 153 del Código Orgánico Tributario:
“A falta de disposición expresa toda petición, representación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la administración pública y que no requiera substanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos. La administración informará al interesado por escrito, y dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud, la omisión o incumplimiento por este de algún requisito”.
“La Administración Tributaria está obligada a dictar resolución a toda petición planteada por los interesados dentro del plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación…
Parágrafo Único: El retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier disposición normativa por parte de los funcionarios o empleados de la Administración Tributaria, dará lugar a la imposición de las sanciones disciplinarias, administrativas y penales que correspondan conforme a las leyes respectivas”.
Como puede verse, en estos dispositivos legales, a más de establecerse dichos términos máximos de duración, se insiste en la eventual responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria derivada de su incumplimiento, vale decir, por retardo u omisión, de los funcionarios públicos involucrados en los hechos, reforzado ello con los preceptos de los artículos 4 y 6 de la misma Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 9 del Decreto Nro. 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública:
“En los casos en que un órgano de la administración pública no resolviere un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, se considerara que ha resuelto negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, salvo disposición expresa en contrario. Esta disposición no releva a los órganos administrativos, ni a sus personeros, de las responsabilidades que le sean imputadas por la omisión o la demora.
Parágrafo único: La reiterada negligencia de los responsables de los asuntos o recursos que dé lugar a que estos se consideren resueltos negativamente como se dispone en este artículo, les acarreará amonestación escrita a los efectos de lo dispuesto en la Ley de Carrera Administrativa, sin perjuicio de las sanciones previstas en el artículo 100 de esta ley”(subrayados del autor).
“Cuando la Administración haya incurrido en mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los administrados y ello acarreare daño patrimonial, el funcionario o funcionarios a quienes competa la tramitación del asunto, además de las sanciones previstas en esta Ley, será responsable civilmente por el daño ocasionado a la Administración”(subrayado del autor).
Las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública tienen la obligación de recibir y atender, sin excepción, las peticiones o solicitudes que les formulen las personas, por cualquier medio escrito, oral, telefónico, electrónico o informático; así como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen las personas de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con la ley.
En caso de que una funcionaria o funcionario público se abstenga de recibir las peticiones o solicitudes de las personas, o no de adecuada y oportuna respuesta a las mismas, serán sancionados de conformidad con la ley” (subrayado del autor).
Pero además, y ese sea quizás uno de los aportes mas interesantes de la disposición normativa comentada del artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ella consagra, directa o supletoriamente, según los casos (para lo administrativo general y para lo tributario), la figura del “despacho subsanador” o “despacho saneador”, acorde con la cual, en el supuesto de que el funcionario público receptor de la petición, solicitud, requerimiento, consulta, etc., en el momento de la presentación o consignación por parte del administrado interesado, observe o se percate de la ausencia de algún requisito legal o reglamentario, lejos de negarse a recibir el escrito correspondiente, ha de aceptarlo obligatoriamente, debiendo en lo sucesivo informar al administrado interesado (peticionante) de la omisión o incumplimiento respectivo, por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación, a objeto de que éste subsane, en el plazo que se le acuerde, so pena de perención del procedimiento administrativo iniciado a instancia de parte interesada.
Esta institución de gran relevancia, dentro de la idea de una función de administración democrática, se encuentra también prevista en el artículo 45 “eiusdem”, cuando luego de haberse dispuesto en la norma que lo precede, que en todas las dependencias administrativas (ministerios, organismos, etc.) se llevará un registro de presentación de documentos “en el cual se dejará constancia de todos los escritos, peticiones y recursos que se presenten por los administrados”, se insiste en que el funcionario receptor no puede negarse a recibir la petición. Veamos:
“Los funcionarios del registro que reciban la documentación advertirán a los interesados de las omisiones y de las irregularidades que observen, pero sin que puedan negarse a recibirla(subrayado del autor).
No puede pues negarse el funcionario receptor a recibir los escritos que le sean presentados, no obstante que ello arbitraria, ilegal e injustamente acontezca a diario, para vergüenza de nuestras instituciones democráticas, y debe, acorde con el artículo 46 “eiusdem”, dar “recibo de todo documento presentado y de sus anexos, con indicación del número de registro que corresponda, lugar, fecha y hora de presentación. Podrá servir de recibo la copia mecanografiada o fotostática del documento que se presente, una vez diligenciada y numerada por los funcionarios del registro”.
De allí que en forma por demás insistente o reiterativa, como para tratar de “convencer” al funcionario receptor, lector, primer intérprete y ejecutor de la norma legal, que no puede legalmente negarse a recibir el escrito de petición, pero debe advertir las deficiencias que observe en el mismo, por medio del “despacho subsanador” o “despacho saneador”, el artículo 50 “eiusdem”, prevé que:
“Cuando en el escrito o solicitud dirigida a la Administración Pública faltare cualquiera de los requisitos exigidos en el artículo anterior, la autoridad que hubiere de iniciar las actuaciones lo notificará al presentante, comunicándole las omisiones o faltas observadas a fin de que en el plazo de quince (15) días proceda a subsanarlos. Si el interesado presentare oportunamente el escrito o solicitud con las correcciones exigidas, y ésta fuere objetada por la administración debido a nuevos errores u omisiones, el solicitante podrá ejercer el recurso jerárquico contra la segunda decisión o bien corregir nuevamente sus documentos conforme a las indicaciones del funcionario”.
Y, por si todo cuanto precede no fuese suficiente para tener que admitir, indefectiblemente, que por mandato legal, imperativa garantía de los derechos constitucionales de petición y obtención de oportuna y adecuada respuesta, y al debido proceso, se debe recibir toda petición, el artículo 9 del Decreto Nro. 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública deja claramente establecido que:
Las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública tienen la obligación de recibir y atender, sin excepción, las peticiones o solicitudes que les formulen las personas, por cualquier medio escrito, oral, telefónico, electrónico o informático; así como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen las personas de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con la ley.
En caso de que una funcionaria o funcionario público se abstenga de recibir las peticiones o solicitudes de las personas, o no de adecuada y oportuna respuesta a las mismas, serán sancionados de conformidad con la ley” (subrayado del autor).
No puede, en consecuencia, en derecho, y a ello va destinado el arsenal normativo que ha sido objeto de comentarios en este acápite, el funcionario administrativo receptor, negarse, por ningún concepto o pretendida justificación, a recibir la petición, solicitud, consulta, escrito, descargo, recurso, etc., so pena de comprometer en ello su responsabilidad civil (frente al administrado o incluso frente a la propia Administración Pública, según los casos), penal, administrativa y disciplinaria.
Lo único que puede (y debe) hacer el funcionario receptor, en caso de observar o percatarse del incumplimiento de algún requisito legal o reglamentario, es hacer uso del “despacho subsanador” o “despacho saneador”, en el obvio entendido de que no puede tratarse de supuestos o pretendidos requisitos que no se encuentren previstos, en términos generales (para salvaguardar los principios constitucionales de igualdad jurídica y seguridad jurídica), en textos normativos legales o reglamentarios, debida y previamente publicados en la Gaceta Oficial de la República, Estado o Municipio. Debe pues proscribirse la condenable práctica de colocar, en las oficinas de recepción de documentos de las administraciones públicas (taquillas), avisos o carteles que, por mas suscritos que se encuentren por los jerarcas respectivos de las dependencias administrativas, al contener requisitos adicionados a los exigidos por leyes y reglamentos, para la recepción de documentos, no tienen valor jurídico alguno.
En la misma perspectiva, no debe olvidarse la vigencia (aunque por ahora meramente formal) del Decreto Nro. 6,265 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Tramites Administrativos, en cuyo artículo 11 se prohíbe que se exija la entrega de copias o recaudos de documentos que, por una u otra razón, ya obren en los archivos administrativos:
“Los órganos y entes de la Administración Pública, en virtud del principio de cooperación que debe imperar en sus relaciones interorgánicas y con las demás ramas del Poder Público, deberán implementar bases de datos automatizadas de fácil acceso y no podrán exigir la presentación de copias certificadas o fotocopias de documentos que la Administración Pública tenga en su poder, o de los que tenga la posibilidad legal de acceder.”.
Pero además, los artículos 26, 29, 30 y 31 “eiusdem” preceptúan que:
“Los órganos y entes de la Administración Pública sujetos a la aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, no exigirán a las personas interesadas pruebas distintas o adicionales a aquellas expresamente señaladas por ley”.
“No se podrá exigir el cumplimiento de un requisito cuando éste, de conformidad con la normativa aplicable, debió acreditarse para obtener la culminación de un trámite anterior ya satisfecho. En este caso, dicho requisito se tendrá por acreditado a todos los efectos legales”.
“No se exigirán comprobantes de pago correspondientes a períodos anteriores como condición para aceptar un nuevo pago a la Administración Pública. En estos casos, dicha aceptación no implica el pago de períodos anteriores que se encuentren insolutos”.
” Los órganos y entes no podrán exigir la presentación de solvencias ya emitidas por éstos para la realización de trámites que se lleven a cabo en sus mismas dependencias, salvo los casos expresamente previstos en la ley”.
Incluso, todo esto es de esta forma, aun cuando la petición o solicitud se plantee no por escrito, sino a través de medios electrónicos, facsimilares o telefónicos, o en persona pero por vía oral, por mandato legal, según el mencionado artículo 9 del Decreto Nro. 6.217 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, por lo que igualmente han de ser proscritas las notas o carteles de textos como el siguiente: “No insista, no se da información por teléfono” o similares, que abundan en nuestras taquillas administrativas de recepción de documentos, máxime cuando el dispositivo del artículo 39 del Decreto Nro. 6.265 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Tramites Administrativos, en forma sensiblemente mandataria ordena que:
Las funcionarias y funcionarios públicos tienen la obligación de atender las consultas telefónicas que formulen las personas sobre información general acerca de los asuntos de su competencia, así como las que realicen las personas interesadas para conocer el estado de sus tramitaciones. A tal efecto, cada órgano y ente implementará un servicio de información telefónico que satisfaga las necesidades de las personas, haciendo empleo racional de los recursos humanos, presupuestarios y tecnológicos de que disponga”.
Esas prácticas ilegales y, como podemos apreciar, abiertamente inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos de marras, han de dejarse en el pasado, no solamente para evitar que los retrógrados funcionarios públicos logren “anclar” a los administrados (a quienes paradójicamente han de servir) en una suerte de “prehistoria tecnológica”, sino sobre todo para avanzar hacia la vigencia efectiva de esos principios ya comentados de transparencia, proporcionalidad, legalidad, eficiencia, racionalidad, buena fe, celeridad, etc., ya citados y supuestamente orientadores de nuestra Administración Pública, al servicio de la sociedad y sus componentes.
Deben si olvidarse y hasta despreciarse, por antidemocráticas, y sustituirse por actuaciones de verdadera vocación de servicio público, en total y absoluta sujeción a la ley, y en pro de la justicia, y todo esto, tanto si se trata de la cuestionable y aborrecible mala intención o voluntad de dañar al peticionante, que afortunadamente son casos excepcionales, como si tan solamente se incurre, como ha solido pasar, de un mal entendido “paternalismo” estatal, en donde el funcionario administrativo supone que “ayuda” al administrado, cuando al observar alguna deficiencia en su petición, sea por falta de requisitos legales, reglamentarios u “otros”, en lugar de recibir y luego notificar el “despacho subsanador” o “despacho saneador”, como manda la ley, no le recibe, le hace observaciones orales y le recomienda volver con “todo” en otra ocasión, pretendidamente “por su bien”, como si los administrados no se tratasen de sujetos naturales o jurídicos plenamente capaces en derecho (incluso “bonus pater familiae”), y el funcionario público ejerciese la “patria potestad” o alguna representación legal sobre ellos.
Por si fuera poco, para colmo de males, muchos funcionarios encargados de taquillas administrativas de recepción de documentos, exigen la comparecencia personal de los administrados, ignorando o menospreciando que en derecho ello es únicamente procedente en tramitaciones de carácter personalísimo (“intuito personae”), siendo excepcional, y debiendo motivarse, puesto que la regla legal es la posibilidad de hacerse representar. Por tanto, esos avisos, notas o carteles que en las dependencias administrativas expresan que no se aceptarán cartas poderes, poderes u otros documentos de representación, a mas de ilegales, denotan injustificada desconfianza en el propio servicio público del notariado y de protocolización e inscripción en registros.
Por último, conviene precisar que todos estos extremos, caracteres e instituciones que han sido descritos y comentados, dentro del marco de los procedimientos administrativos que no requieren sustanciación y hayan comenzado a instancia de parte interesada, son igualmente aplicables a aquellos procedimientos que sí requieren sustanciación, hayan empezado de oficio o a instancia de parte interesada, y que suelen estar normativamente mucho mas detallados en sus fases procesales no preclusivas, tal como puede observarse, a título meramente ilustrativo, del llamado procedimiento administrativo ordinario, consagrado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en cuyos artículos 60 y 61, destinados a fijar el lapso de decisión, se dispone:
“La tramitación y resolución de los expedientes no podrá exceder de cuatro (4) meses, salvo que medien causas excepcionales, de cuya existencia se dejará constancia, con indicación de la prórroga que se acuerde.
La prórroga o prórrogas no podrán exceder, en su conjunto, de dos (2) meses”.
“El término indicado en el artículo anterior correrá a partir del día siguiente del recibo de la solicitud o instancia del interesado o a la notificación a éste, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio”.
Y, del denominado procedimiento administrativo de fiscalización y determinación, consagrado en el Código Orgánico Tributario, el cual, tras regular el tema del derecho al debido proceso en general, establece en su artículo 192, que el mismo ha de terminar con un acto administrativo en un plazo máximo definido:
“La Administración Tributaria dispondrá de un plazo máximo de un (1) año contado a partir del vencimiento del lapso para presentar el escrito de descargos, para dictar la resolución culminatoria de sumario”.
Fijando, como garantía del respeto a los derechos constitucionales de petición y obtención de oportuna y adecuada respuesta (para el caso que se haya ejercido el derecho a presentar descargos claro está), y al debido proceso, se sanciona drásticamente el inactuar administrativo, en la misma norma:
“Si la Administración Tributaria no notifica válidamente la resolución dentro del lapso previsto para decidir, quedará concluido el Sumario y el Acta invalidada y sin efecto legal alguno”.
Debe entonces ser oportuna la respuesta, por lo que haciendo gala de la motivación de satisfacer el principio de celeridad procesal, el artículo 4 del Decreto Nro. 6.265 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Tramites Administrativos, insiste ordena:
“La simplificación de los trámites administrativos tiene por finalidad racionalizar y optimizar las tramitaciones que realizan las personas ante la Administración Pública a los fines de mejorar su eficacia, eficiencia, pertinencia, utilidad, para así lograr una mayor celeridad y funcionalidad en las mismas, reducir los gastos operativos, obtener ahorros presupuestarios, cubrir insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las relaciones de la Administración Pública con las personas” (subrayado del autor).
IV
También es un tema de moral y ética administrativa:
Desde otra perspectiva, este asunto de la no recepción de las solicitudes no es contrario solamente a las normas constitucionales y legales ya estudiadas, ya que igualmente alteran lo que se supone es la edificación en nuestro país de una nueva moral republicana y ética pública, cuando en los fundamentos normativos de los derechos constitucionales de petición y obtención de oportuna y adecuada respuesta, y al debido proceso, nos topamos con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, en donde se establece lo siguiente:
“Se entenderá que atentan contra la ética pública y la moral administrativa, los funcionarios públicos o funcionarias públicas, que cometan hechos contrarios a los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, puntualidad y transparencia.
Tales principios rectores de los deberes y conductas de los funcionarios públicos o funcionarias públicas se definirán en los términos siguientes:…
b) La equidad obliga a todo funcionario público a actuar, respecto de las personas que demanden o soliciten su servicio, sin ningún tipo de preferencias y sólo en razón del mérito, legalidad, motivaciones objetivas con base al principio constitucional de la no-discriminación, y sin consideraciones ajenas al fondo del asunto y a la justicia
e) La vocación de servicio implica que los funcionarios públicos o funcionarias públicas están al servicio de las personas, y en su actuación darán preferencias a los requerimientos de la población y a la satisfacción  de sus necesidades, con exclusión de conductas, motivaciones e intereses distintos de los del ente para el cual presten sus servicios….
h) La responsabilidad significa disposición y diligencia en el ejercicio de las competencias, funciones y tareas encomendadas, tomar la iniciativa de ofrecerse a realizarlas, así como la permanente disposición a rendir cuentas y a asumir las consecuencias de la conducta, sin excusas de ninguna naturaleza, cuando se requiera o se juzgue obligante.
i) La puntualidad exige de todo funcionario público o funcionaria pública que los compromisos contraídos y las tareas, encargos y trabajos asignados sean cumplidos eficazmente, dentro de los lapsos establecidos en las normas o los que haya convenido a tal efecto….” (subrayados del autor).
En otras palabras, no solamente la omisión en la recepción de las solicitudes y el ignorar la transparente institución del “despacho subsanador” o “despacho saneador”, vulnera normas de derecho, sino que también resulta inmoral o antiético, lo cual, aunado a las consecuencias legales civiles, penales, administrativas y disciplinarias ya indicadas, acarrea “responsabilidad moral”, en la forma en que ello se plantea en la Constitución y se materializa por el funcionamiento del denominado Poder Ciudadano, en cuya ley reguladora se prevén las posibles respuestas sancionatorias.
V
Garantías judiciales:
Finalmente, para el caso en que el funcionario receptor, tanto de la Administración Tributaria como de la Administración Pública en general, se niegue de hecho a recibir la petición, solicitud, consulta, etc., podrá ejercerse una acción de amparo constitucional, por tratarse de una actuación omisiva susceptible de afectar no solamente el derecho de petición y obtención de oportuna y adecuada respuesta, sino también cualquier otro derecho humano fundamental directamente conectado con ello, como podría serlo el de dedicarse a la actividad lucrativa de su preferencia, o el de asociación, etc.
Si sucede que se recibe la solicitud, pero a pesar de haberse remediado las carencias legales destacadas en el eventual “despacho subsanador” o “despacho saneador”, llegase a producirse un nuevo “despacho subsanador” o “despacho saneador”, el administrado puede optar por volver a solucionar las posibles deficiencias en su petición, o instaurar un recurso jerárquico, acorde con el articulo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Ahora bien, en el caso en que la solicitud es recibida y no hubo “despacho subsanador” o “despacho saneador”, o lo hubo y el mismo fue satisfecho, pero no se produce la respuesta en forma oportuna, si se trata de una Administración Pública no tributaria, siempre habrá la posibilidad de incoar una acción de amparo constitucional, de las doctrinal y jurisprudencialmente llamadas amparos por mora administrativa, cuya sola finalidad será la de obtener judicial y forzosamente que se de la respuesta, cualquiera sea su contenido (denegatorio o favorable), todo conforme con la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y sus modificaciones jurisprudenciales obra de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En cambio, si la tardanza en responder proviene de una Administración Tributaria, entonces habrá de ser interpuesta una acción de amparo tributario, siguiendo el artículo 302 y siguientes del Código Orgánico Tributario, con la crucial diferencia, en cuanto al amparo por mora aludido, de que el juez podrá incluso sustituirse a la Administración, en la producción de la respuesta. Veamos:
“Procederá la acción de amparo tributario cuando la Administración Tributaria incurra en demoras excesivas en resolver peticiones de los interesados y ellas causen perjuicios no reparables por los medios establecidos en este Código o en leyes especiales”.
“La acción podrá ser interpuesta por cualquier persona afectada, mediante escrito presentado ante el Tribunal competente”.
“La demanda especificará las gestiones realizadas y el perjuicio que ocasiona la demora. Con la demanda se presentará copia de los escritos mediante los cuales se ha urgido el trámite”.
“Si la acción apareciere razonablemente fundada el Tribunal requerirá informes sobre la causa de la demora y fijará un término para la respuesta no menor de tres (3) días de despacho ni mayor de cinco (5) contados a partir de la fecha de notificación. Vencido el lapso, el tribunal dictará la decisión que corresponda dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes. En ella fijará un término a la Administración Tributaria para que se pronuncie sobre el trámite omitido. Asimismo, el Tribunal podrá, cuando el caso así lo amerite, sustituir la decisión administrativa previo afianzamiento del interés fiscal comprometido. Las fianzas serán otorgadas conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de este Código”.
“De la decisión dictada se oirá apelación en el solo efecto devolutivo dentro de los diez (10) días de despacho siguientes”.
Obviamente, si se produce la respuesta, cualquiera sea la Administración Pública, y la misma, a mas de ser eventualmente inoportuna, resulta inadecuada a criterio del solicitante, entonces será menester que ocurra, según los casos, a las vías ordinarias de los recursos administrativos o contencioso administrativos o tributarios, y si fuere procedente, a la vía extraordinaria del amparo autónomo contra acto administrativo.
VI
Conclusión:
Valgan pues estas líneas como un llamado a la reflexión de los funcionarios públicos encargados de la recepción de documentos, de sus superiores jerárquicos, de los jueces y magistrados y operadores jurídicos en general, de modo que algo tan elemental comience a ser objeto del mas exigente cumplimiento, en nuestra carrera irrenunciable y progresiva hacia una Administración Pública verdaderamente democrática y ciertamente al servicio de los administrados.
El servidor público, bajo ningún concepto, puede negarse a recibir, so pena de responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria y moral, cualquiera petición, solicitud, consulta, descargo, recurso, etc., que se le haga en el ámbito de sus competencias legales, y con independencia de que el planteamiento sea escrito, oral, facsimilar, electrónico o telefónico.
Terminemos parafraseando el artículo 16 del decreto reglamentario denominado Código de Conducta de los Servidores Públicos, según el cual, “El servidor público de buena conducta será aquel que durante el ejercicio de sus funciones practique cabal y rigurosamente los principios” de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, puntualidad, transparencia y pulcritud.

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