Alcance de la Contención Tributaria

Publicado: septiembre 18, 2011 en Reflexiones

En la mayor parte de la oferta de extensión universitaria, diplomados y postgrados que se ofrecen en el país, cuando se incluye una materia destinada al estudio de la contención tributaria, se lo suele hacer bajo el nombre de Contencioso Tributario.

No vamos a dedicar estas líneas a cuestionar esa nomenclatura, cuando debería ser Derecho Procesal Tributario, por cuanto lo que se pretende resaltar es que casi todos los profesores asumen, con la comodidad estudiantil, que el contenido de la materia ha de girar en torno al análisis del recurso contencioso tributario.

Obviamente, esto es una visión muy limitada del tema, porque cuando se habla de Contencioso Tributario, como expresión de la Contención Tributaria, la idea que debe venir a la mente es que se trata de una materia contentiva de todas las acciones y excepciones administrativas y judiciales, que el Ordenamiento Jurídico ofrece a la persona afectada (contribuyente o no), a los fines de hacer realidad el fenómeno psico-socio-jurídico de contestación a la imposición.

Existe un hecho demostrado, que es la oposición natural del ser humano a pagar tributos, cosa que por cierto, no tiene que ver con que la persona reciba o no, a cambio, servicios óptimos o excelente calidad de vida, gracias a la inversión pública derivada de la imposición.

Normalmente la persona, quizás por efecto de su lado biológico, por esos elementos naturales del instinto de supervivencia, de la salvaguarda del hábitat, del nicho ecológico o del territorio, quiere proteger lo que considera suyo, frente a cualquier intromisión ajena, incluida la legalmente consentida recaudación tributaria.

Claro que esta oposición se hace todavía mas palpable en países como el nuestro, en los cuales se pagan los tributos y, sin embargo, se viven en condiciones de calidad de vida, que no se compaginan con ese esfuerzo individual de contribución con las cargas públicas que hace toda persona.

Ahora bien, vivir en sociedad evidentemente implica la asunción y cumplimiento de una serie de deberes, dentro de los cuales, en este ámbito, destaca el principio constitucional de que todos deben contribuir con las cargas públicas, el cual se encuentra previsto en la Constitución de la República, como uno de los deberes del ciudadano.

Vemos pues que el pueblo ha consentido tener en cabeza de cada quien esa obligación de contribuir, sobreponiéndose racionalmente a lo que es su tendencia instintiva biopsicológica a oponerse a la imposición, pero, de forma condicionada.

En efecto, la obligación de contribuir, a diferencia de lo que muchas Administraciones Tributarias consideran, no representa en deber absoluto. Su carácter relativo viene dado por la necesidad de que se respeten, dentro de otros principios básicos  de la tributación, al  menos dos que resultan trascendentales, a saber: el principio de capacidad contributiva y el principio de legalidad tributaria.

Es verdad que estamos obligados a contribuir con las cargas públicas, pero únicamente en la medida que exista una previsión legal al respecto. Es decir, el tributo debe haber sido creado por una ley, por la representación popular (¨no taxation without representation¨), incluyendo todos los elementos de la relación jurídico tributaria: hecho imponible, base imponible, alícuota, etc.

Además, para que sea legítimo y justo el reclamo tributario, aparte de su previsión legal, es menester que el contribuyente no sea compelido a pagar el tributo por encima de su capacidad contributiva. Vale decir, que la imposición no debe poner en peligro la sobrevivencia de la persona, ni la integridad de un patrimonio al margen de confiscaciones proscritas.

Entonces, en este orden de ideas, esa natural oposición a la imposición termina jurídicamente garantizada, de modo que la persona afectada disponga de medios de derecho que aseguren la legalidad de toda actuación de la Administración Tributaria, de modo que se tenga la certeza de que lo que se le reclama, y en la cuantía que corresponda, es a lo que realmente se encuentra obligada.

Para ello, la persona tiene a su disposición un arsenal de acciones y excepciones administrativas y judiciales, para verificar que se hayan cumplido estos principios, pues de lo contrario no existe la obligación de contribuir.

Una de esas acciones judiciales es el Recurso Contencioso Tributario, pero ella es una mas dentro de un universo amplio de mecanismos de defensa que han de implementarse, de acuerdo al tipo de quebrantamiento jurídico que se presente, y a cual sea la pretensión del interesado.

Ejemplos no exhaustivos: Si el afectado se encuentra frente a un acto administrativo de efectos particulares, contentivo de una determinación tributaria y/o de la imposición de una sanción, y estima que de alguna forma se viola el derecho, puede ejercer en su contra el Recurso Jerárquico, ante la misma Administración Tributaria, o el Recurso Contencioso Tributario, ante los tribunales tributarios, buscando su revocatoria o anulación.

Si el afectado ha hecho una petición a la Administración Tributaria (una licencia de actividades económicas, una solvencia, una consulta, etc.), y ésta no le responde, siendo que ello pueda generarle daños y perjuicios, lo que procede es incoar un Amparo Tributario, ante los tribunales tributarios, con la idea de propiciar la respuesta requerida.

Si el afectado se ve perjudicado por una actuación administrativa que no se ha materializado en un acto administrativo, como podría ser una clausura sin procedimiento previo, asistimos a lo que se conoce como una vía de hecho, frente a lo cual cabría un Amparo Constitucional ante los tribunales tributarios, para obtener el restablecimiento de los derechos violados.

Si el afectado se ve amenazado por una ley creadora de un tributo, que irrespeta los principios constitucionales, puede ejercer en su contra una Acción de Inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que sea anulada. Y, si la lesión emanara de un reglamento ejecutivo, lesivo de principios constitucionales o legales, se podría ejercer en su contra un Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en pos de su anulación.

Si la actuación administrativa ha causado daños y perjuicios al afectado, éste puede demandar en indemnización al ente tributario.

Si el afectado es demandado por la Administración Tributaria en Juicio Ejecutivo, en cumplimiento de un reclamo tributario que estima contrario a derecho, puede ejercer defensas.

Estos son simples ejemplos demostrativos de que la contención tributaria no se limita al Recurso Contencioso Tributario, puesto que en un Estado de Derecho y de Justicia debe realmente garantizarse a la persona, el respeto de sus libertades, con arreglo a las circunstancias que se presenten.

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