“Afrenta a la Debida Dignidad frente a la Administración Pública. Los Decretos 6.217 y 6.265”.

Publicado: septiembre 30, 2011 en Reflexiones

Es preciso advertir, a través de la revisión de elementos muy particulares del contenido (no exhaustivo) del Decreto Nro. 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, y del Decreto Nro 6.265, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos (ambos publicados en la Gaceta Oficial Nro. 5.890 Extraordinario, del 31 de julio de 2008), el desvanecimiento progresivo de la entidad humana, frente a una cada vez mas poderosa Administración Pública, paradójicamente en tanto se pretende enarbolar la bandera del “humanismo”.

 

  1. I.              La ciudadanía:

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 141 de la Constitución:

 

La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas”.

 

Esta condición ciudadana, dentro del espíritu constitucional, plena de dignidad al ser humano, pues mientras todas las personas, acorde con los principios generales del derecho de los derechos humanos, sin distingo alguno, son beneficiarios de todos y cada uno de los derechos civiles, de los derechos políticos (con algunas restricciones general y comparativamente aceptadas en casos de extranjería), y de los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales, sucede que los ciudadanos, para ser tal cosa, han de ir mas lejos, en cuanto concierne a sus deberes y obligaciones constitucionales, ser solidarios con los demás integrantes de la sociedad civil, asumir sus cuotas respectivas de corresponsabilidad social y, en definitiva, participar activa y proactivamente en todo cuanto concierna a la mejoría de la calidad de vida en sociedad.

 

Si bien la Constitución no abandona del todo la noción arcaica y limitada de ciudadano, que lo asimila a titular de derechos políticos plenos, confundiéndolo con nacional plenamente capaz, el texto fundamental no se queda allí y va mas lejos en el resto de sus previsiones, a la hora de edificar un ser humano solidario, titular sí de los derechos humanos esenciales, pero sobre todo útil a la sociedad donde se desenvuelve (residencia), con independencia de su nacionalidad.

 

Diversos son los dispositivos constitucionales que respaldan esta interpretación, consideración aparte de los aportes de la mejor doctrina especializada, dentro de los cuales, a mero título ilustrativo, se destacan los artículos 62, 102 y 135:

 

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

 

“La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentado en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la ley”.

 

“Las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a esta Constitución y a la ley, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a los particulares según su capacidad”.

 

En este orden de ideas, entendiendo la interrelación estrecha entre las personas, por un lado, y la cosa pública o el Estado, por el otro lado, con los valores de solidaridad y corresponsabilidad social, aunados al pleno disfrute del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, en provecho de la calidad de la vida (individual y colectiva), todo ello a ser transmitido por la familia y reforzado por el sistema educativo, se puede comprender que el llamado constitucional es hacia la instauración de vinculaciones instrumentales nuevas y útiles, entre la Administración Pública y los ciudadanos y ciudadanas, participativos y protagónicos, como figura exponencial del colectivismo pregonado, y no de las personas, sin mas, como simples ejemplares de la especie humana.

 

Además, la historia ha mostrado que las personas pueden llegar a ser meros súbditos del poder temporal humano, mientras que los ciudadanos y ciudadanas, concepto derivado del uso efectivo de la libertad, son los verdaderos detentadores y ejercitantes del poder público, a su voluntad soberana y democrática subordinado.

 

Sin duda, ni la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2001, al referirse a “los particulares”, ni la actual, acuñando la idea de “personas”, satisfacen el mandato constitucional de estar al servicio de “los ciudadanos y ciudadanas”.

 

En realidad, cuando se aprecia el contenido del artículo 5 del Decreto Nro. 6.217, se puede observar fácilmente el tratamiento “cosificado” o “cosificante” que como objeto se le da a las personas, a quienes se les hace depender de la actuación mesiánica de una Administración Pública detentadora del monopolio de la supuestamente correcta interpretación del querer y del sentir social. Veamos:

 

La Administración Pública está al servicio de las personas, y su actuación estará dirigida a la atención de sus requerimientos y la satisfacción de sus necesidades, brindando especial atención a las de carácter social.

La Administración Pública debe asegurar a todas las personas la efectividad de sus derechos cuando se relacionen con ella. Además, tendrá entre sus objetivos la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas que se dicten”.

 

El paternalismo históricamente dañino se encuentra presente solapadamente. El ciudadano, como la ciudadana, solamente ameritan de espacios reales, para que dentro de un uso efectivo de sus derechos (cosa que nadie puede hacer por ellos), en plena participación y protagonismo y sin requerirse de supremo intérprete, puedan surgir los planteamientos de sus verdaderas necesidades, y también las ideas y propuestas para la satisfacción de las mismas. Las personas, en cambio, pueden ser fácilmente desviadas de sus caminos legítimamente aspirados, como extraídas de los sentires que espontáneamente les corresponden.

 

Lo propio se puede afirmar, en cuanto atiende al Decreto Nro. 6.265, que pareciera buscar la simplificación a favor de las “personas”, dejando de lado nuevamente la trascendencia de los ciudadanos y ciudadanas, no obstante partir de la supremacía de lo colectivo, no obstante que la ciudadanía lleva implícita lo colectivo, mientras que la personalidad podría aludir solo a lo individual y hasta a lo mezquino.

 

A la sazón, el artículo 35 prevé que:

 

“La funcionaria o funcionario público es, ante todo, un servidor público y como tal su actividad debe estar dirigida a servir eficientemente a las personas procurando la plena satisfacción del interés colectivo”.

 

Las personas suelen necesitar “guiatura”, los ciudadanos y las ciudadanas ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, y se sirven de la Administración Pública para el mejor logro de sus cometidos individuales y colectivos.

 

II.      Centralización:

 

La Constitución expresa que el nuestro es un Estado Federal Descentralizado, de lo que se desprende que la centralización no puede ser una opción para el poder constituido, como tampoco el desmedro de atribuciones de las entidades federativas del país. No deberían haber mas atribuciones, funciones o competencias confiadas al nivel central del poder, que las previstas inicialmente en la Constitución, las cuales tendrían que ir siendo progresivamente descentralizadas en ejecución del mandato constitucional de acercamiento del poder al ciudadano y a la ciudadana, por intermedio de los niveles estadales y municipales de elección popular, y finalmente, de las instancias espontáneas de participación ciudadana.

 

Por ello, llama fuertemente la atención que se prevean, en el Decreto Nro. 6.217, circunstancias como las siguientes: que se insista tanto en una “planificación centralizada” (se la menciona quince veces a los largo del decreto); la instauración de autoridades meramente desconcentradas del centro del poder, superpuestas o no, y cabalgando o no sobre las competencias de las entidades federativas y municipales; el empleo de la palabra “podrá”, en lugar del imperativo “deberá”, cada vez que se evoca un proceso descentralizador, supeditado además a una supuesta conveniencia nacional, que habría de ser leída como central; la extrema regulación de los mecanismos o figuras de la descentralización, como quien la toma excepcional, cuando constitucionalmente es la regla; y así sucesivamente.

 

III.    El derecho a la información:

 

No obstante que el artículo 143 de la Constitución consagra el derecho a la información y el libre acceso a los documentos administrativos, sin mas restricciones que las “aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto”, es lo cierto que se pretende volver a un pasado antidemocrático ya recorrido.

 

En efecto, en la Constitución de 1961 la regla era la confidencialidad, como quedó ella claramente establecida en la vieja Ley Orgánica de la Administración Central (1976), mientras que la excepción era el acceso a la información. El cambio de paradigma en la vigente Constitución (1999), conlleva a una inversión de valores, en donde la regla es el acceso, y la excepción es la confidencialidad, debiendo estar fundamentada solamente en alguna de tres cosas, a saber: “seguridad interior y exterior, investigación criminal e intimidad de la vida privada”.

 

Sin embargo, el Decreto Nro. 6.217, y ello a pesar del principio constitucional de transparencia, paradójicamente consagrado también por él, pretende esa regresión, al prever, en numerosas de sus disposiciones, por ejemplo: “siempre y cuando no estén calificados como reservados o confidenciales”, sin mención de los tres temas constitucionalmente consagrados como excepciones; o también, ampliaciones impensables de las limitaciones constitucionales, de una discrecionalidad y hasta de una posible arbitrariedad alarmantes, al expresar: “por razones de interés nacional o de carácter estratégico”.

 

En donde mas claramente se observa lo denunciado, es en el contenido del artículo 158, donde se indica que por ley se pueden ampliar los motivos limitativos de confidencialidad constitucionalmente previstos:

 

“Toda persona tiene el derecho de acceder a los archivos y registros administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión o el tipo de soporte material en que figuren, salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto”.

 

IV.    La coma fatídica:

 

Un viejo profesor universitario disertaba, bastantes años atrás, acerca de lo que denominaba la coma fatídica, para referirse a aquellas normas legales que, tras declarar solemnemente un principio general trascendente, colocaban una coma (,) tras de la cual se hacía una mención que excepcionaba mortalmente aquel principio, cuando no lo dejaba totalmente inoperante.

 

Pues bien, esto se da mucho en el Decreto Nro. 6.265, cuando, por ejemplo, tras expresar que:

 

–          no se podrá exigir para trámite alguno, la presentación de copias certificadas actualizadas de partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, así como de cualquier otro documento público…coma… (continúa) “salvo los casos expresamente establecidos por ley”.

–          no se podrá exigir copias certificadas de la partida de nacimiento como requisito para el cumplimiento de una determinada tramitación, cuando sea presentada la cédula de identidad…coma… (continúa) “salvo los casos expresamente establecidos por ley”.

–          En caso de pérdida, deterioro o destrucción de documentos personales, será suficiente la declaración de la persona interesada para su reexpedición y no podrá exigirse prueba adicional para la misma…coma (continúa) “salvo lo dispuesto en la ley”.

–          Los órganos y entes de la Administración Pública aceptarán la presentación de instrumento privado en sustitución de instrumento público y de copia simple o fotostática en lugar de original o copia certificada de documentos que hayan sido protocolizados, autenticados o reconocidos judicialmente…coma (continúa) “salvo los casos expresamente previstos en la ley”.

–          Los órganos y entes no podrán exigir la presentación de solvencias ya emitidas por éstos para la realización de trámites que se lleven a cabo en sus mismas dependencias…coma (continúa) “salvo los casos expresamente previstos en la ley”.

 

V.      Aquí no damos información por teléfono:

 

Innumerables son las ocasiones en que un administrado, un contribuyente, un particular, un ciudadano o, incluso, una persona, al llamar a una administración pública para requerir información acerca del estado de una tramitación en especial o sobre el funcionamiento general del organismo, le expresan, y con una extraordinaria acentuación de arbitrariedad, “aquí no damos información por teléfono”, lo cual podría leerse como “aquí violamos la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos”. De hecho, esta norma, hoy en los artículos 39 y 50 del Decreto Nro. 6.265, consagratoria de la obligatoriedad de dispensar información a través de cualquier medio, incluido el telefónico, esta en la ley desde la primera ley de simplificación.

 

Pero en todos estos años, como antes, esa ha sido la respuesta recibida, pues en realidad no se está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, ni de las personas, ni tampoco impera el Estado de Derecho o el Imperio de la Ley, para todo lo cual sería menester contar con verdaderos servidores públicos.

 

Con esta experiencia cotidiana, acaso estará dispuesto nuestro funcionariado a actuar de manera transparente, eficiente, eficaz, será proclive a la rendición pública de cuentas y a presumir la buena fe de ciudadanos, ciudadanas y personas (aunque eso al parecer no tenga valor), simplemente porque lo manda la ley???

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