Carácter Vinculante de las Sentencias de la CIDH

Publicado: octubre 5, 2011 en Reflexiones

Sorprende sobre manera que, en un Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia, se escuchen declaraciones de voceros del gobierno acerca de la pretendida inejecutabilidad de sentencias dictadas en contra del Estado Venezolano, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ante todo, debe tenerse presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano jurisdiccional, de carácter supranacional, que fue establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que fuera negociada por el gobierno nacional y debidamente ratificada por la representación popular, en el seno del Parlamento venezolano, mediante Ley publicada en la Gaceta Oficial No. 31.256 de fecha 14 de junio de 1977.

La razón por la cual la mayoría de los Estados del continente americano negociaron y ratificaron la referida convención internacional, como lo han hecho con decenas de otros tratados en materia de derechos humanos, radica en su comprensión acerca de que la entidad potencial y efectivamente más peligrosa para la integridad y goce pleno de los derechos humanos, es el mismo Estado, por lo que la última palabra en cuanto a su respeto o vulneración, no puede quedar en sus manos, ni siquiera por órgano del Poder Judicial, necesitándose entonces una instancia técnica, ajena a los compromisos políticos internos, que necesariamente debe ser supranacional, que con carácter vinculante constriña a los Estados  denunciados perdidosos, al restablecimiento de los derechos humanos lesionados, correspondientes a personas nacionales o extranjeras.

En democracia, la resolución de los conflictos jurídicos se confía al órgano jurisdiccional, como tercero imparcial, con el compromiso indefectible, para quien resulte perdidoso, de acatar y cumplir sin miramientos lo que en su contra haya sido ordenado.

Debemos descollar que el concepto tradicional de soberanía, entendido como límite a la injerencia extranjera en los asuntos internos de un país, no es aplicable a la materia de los derechos humanos, como se desprende de los principios rectores del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  Esto, por dos razones: En primer lugar, porque los derechos humanos no se deben, en cuanto a su titularidad y goce, a la actuación normativa de los Estados, puesto que, como reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, “Todos nacemos libres e iguales”. Se trata pues de una condición intrínseca al ser humano, que los Estados no pueden alterar, y que más bien se comprometen consensualmente a promover y resguardar. Y, en segundo lugar, porque tal resguardo es confiado, mediando la voluntad popular expresada parlamentariamente, a órganos jurisdiccionales supranacionales, no debiendo confundirse lo supranacional, que presupone la participación creadora decisiva de los pueblos involucrados, con lo meramente extranjero.

Es así como nuestra Constitución de 1999, no solamente le reconoce a los tratados, pactos y convenciones en materia de derechos humanos, suscritos y ratificados por el país, jerarquía constitucional y prevalencia en el orden interno (artículo 23), sino que además, consagra la figura del amparo internacional, al disponer que toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convecciones sobre derechos humanos, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, “con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos” (Artículo 31).

Remata nuestro Texto Fundamental ordenando que: “El Estado adoptará, …, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo” (Artículo 31).

No es, pues, una opción, para el Estado Venezolano, el cumplir o no con lo mandado en una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ni siquiera tiene la posibilidad de revisar y mucho menos declarar inejecutable en el país una tal decisión, incluso si tales arbitrariedades quisieran ser hechas por medio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Se insiste, este régimen jurídico supranacional existe en virtud de su aprobación por el pueblo venezolano, primero a través de la Ley parlamentaria ratificatoria de 1977, y segundo, por disposición de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.

En democracia, el perdidoso acata el fallo dictado en su contra, respetando el debido proceso, o estaremos evocando la resurrección de la barbarie de la Ley del Talión. 

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