“Esquema de los derechos de los contribuyentes en el proceso de fiscalización”

Publicado: octubre 20, 2012 en Reflexiones
Etiquetas:,

Por: Alberto Blanco-Uribe Quintero.

 

Del legalmente denominado “procedimiento administrativo de fiscalización y determinación” (arts. 177 al 199 COT[1]).

 

  • Idea central: el proceso de fiscalización como un procedimiento administrativo especial, regido dogmáticamente por la Constitución, los convenios internacionales en materia de derechos humanos y los principios generales del DLOAP[2] y de la LOPA[3] y, en particular, por el COT (art. 2 COT)[4].

 

  • Aclaratoria 1: Se trata tanto de un procedimiento administrativo tributario como, eventualmente, de un procedimiento administrativo sancionatorio (art. 177 COT).

 

  • Aclaratoria 2: El marco principista que envuelve a todo el procedimiento comprende, necesariamente, a) el respeto al principio de buena fe, de lo que se deriva el derecho al acatamiento del principio de legalidad o a un control fiscal sobre bases legales -sujeto a derecho- (art. 141 C[5]); b) el derecho de petición (art. 51 C); c) el derecho al debido proceso (art. 49.1 C); y, d) el derecho al respeto de los principios “in dubio pro contribuyente” (relación jurídico tributaria sobre bases igualitarias y búsqueda de la verdad real) y de presunción de inocencia (art. 49.2 C): posible inconstitucionalidad art. 134 COT: inocencia, juez natural, defensa.

 

  • Garantías del debido proceso:

 

a) El derecho a la información:

  • Principio de transparencia (arts. 141 C y 10DLOAP).
  • Derecho a la información (arts. 28 y 143 C y 6 y 139 DLOAP).
  • Derecho de acceso al expediente administrativo y copia (arts. 143 C, 7.1 y 7.8, 158 y 170DLOAP, 151 y 188 COT y 31 y 59 LOPA).

 

b) El derecho a la participación:

  • Principio de participación y principios de eficacia y eficiencia (arts. 141 C y 10DLOAP).
  • Derecho a la recepción del escrito (art. 9 DLOAP).
  • Libertad probatoria (arts. 49.1 C,156 COT y 58 LOPA).
  • Principios del procedimiento administrativo: Informalismo, no preclusividad o carácter meramente referencial y ordenador de los plazos, excluidos los de decisión (arts. 158 y 160 -pruebas- y 188 -descargos-  COT); impulso de oficio (arts. 160 y 189 Parágrafo Único COT);  investigación de la verdad real con obligación de aportar información en cualquier tiempo (arts. 28 y 53 LOPA); principio de igualdad derivado de la relación jurídica tributaria; etc.

 

  • Derecho del contribuyente antes del inicio del procedimiento (de oficio, según arts. 178 COT y 48 LOPA):

–   Derecho a ser notificado:

a)    Mediante una providencia administrativa al efecto (arts. 127.1 y 178 COT): Posible inconstitucionalidad: excepción art. 178 en concordancia con art. 180 COT;

b)    Como condición de eficacia (arts. 161 y 167 COT);

c)     Según las reglas del domicilio (arts. 31 a 34 COT);

d)    Como condición de la competencia sustancial (o concreta) funcionarial (art. 178 “in fine” COT); y,

e)    Como garantía de los derechos humanos a la información, a la participación y al debido proceso (arts. 28, 141 y 143 C).

 

  • Derechos del contribuyente durante el procedimiento:

a)    Derecho a la apertura de expediente administrativo (arts. 179 COT y 51 LOPA) y subsiguiente derecho de acceso al mismo y a obtener copia (arts. 143 C, 151 COT y 59 LOPA): inconstitucionalidad de la confidencialidad en el art. 151 “in fine” COT, e inconsistencia normativa con arts. 7.1 y .8 (acceder en cualquier tiempo) y 10 (transparencia) DLOAP;

b)    Subsecuente principio de escritura (acta de retención de documentos -art. 127.7 COT-, acta de toma de posesión de bienes -art. 127.14 COT-, acta de retención de contabilidad -art. 128 Parágrafo Único COT-, inventario de documentos y bienes dejados en depósito -art. 181 COT- y también actas de requerimiento y de recepción de documentos e información);

c)     Derecho al ejercicio motivado, racional y proporcionado, por parte de la Administración Tributaria, de sus facultades de fiscalización y determinación (arts. 121.2, 127 y 128 COT y 9, 12 y 18.5 LOPA);

d)    Derecho a hacerse representar (arts. 149 COT y 25 LOPA);

e)    Derecho a obtener constancia oficial de comparecencia a las citaciones (art. 150 COT);

f)     Derecho a que toda actuación sea en día y hora hábil (arts. 152 y 165 COT);

g)    Libertad probatoria (arts. 49.1 C y 156 COT); prueba legal (arts. 159 y 189 COT); y, evaluación de las pruebas según la sana crítica (art. 507 CPC[6]);

h)    Derecho al acatamiento de los principios de informalismo, de actuación de oficio y de investigación de la verdad real (art. 160 COT);

i)     Derecho a obtener copia de documentos situados en archivos u oficinas sellados o precintados (art. 182 COT);

j)     Derecho a la confidencialidad de la información frente a terceros (arts. 126, 129 Parágrafo Único y 139 COT);

k)    Derecho a la sustitución de las medidas cautelares y a hacer oposición (arts. 299 y 300 COT);

l)     Derecho al agotamiento de la posibilidad de una determinación sobre base cierta (art. 132 COT); y,

m)  Derecho a la finalización de la fiscalización, por razones de seguridad jurídica (art. 299 C): por perención o inactividad administrativa; o, mediante acta al efecto (arts. 183 y 187 COT), que habría de ser notificada en iguales condiciones que la providencia inicial (art. 184 COT):

 

  • Supuestos de finalización:

 

1.-  Acta de Conformidad (art. 187 COT):

a)    ¿Envío por correo?

b)    Menoscabo al derecho a la seguridad jurídica (art. 299 C), por la posibilidad de infinitas fiscalizaciones por pequeñas variaciones (arts. 187 Parágrafo Único y 240.2 COT).

c)     Consecuencial lesión al derecho a la igualdad (art. 21.1 C), por la limitación temporal del art. 257 COT a la revisión, no presente en el art. 187 Parágrafo Único COT.

 

2.-            Acta de Reparo:

a)    Derecho a la defensa -motivación- (arts. 49.1 C y 9 y 18.5 LOPA) y a la presunción de inocencia (art. 49.2 C y tratados internacionales): Subsiguiente inconstitucionalidad de la eliminación de los numerales 4 “apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas” y 5 “fundamentos de la decisión” (eventual sustitución por literal d. “hechos u omisiones constatados y métodos aplicados en la fiscalización”) del art. 149 COT’94;

b)    Inconstitucionalidad de la supuesta “plena fe mientras no se pruebe lo contrario”, del art. 184 “in fine” COT, al menos en la parte de persecución de infracciones y delitos.

c)     Escenarios de respuesta:

–       De haber habido allanamiento: Derecho a no ser sancionado más allá del 10% de la multa aplicable (arts. 186 y 111 Parágrafo Segundo COT). Curiosa eliminación del deber de dictar “inmediatamente” la Resolución.

–       De no haber habido allanamiento: Derecho a la defensa conlleva: derecho a que la Administración Tributaria no emita la Resolución culminatoria antes de los 25 días hábiles o los 5 meses siguientes, según los casos; derecho a formular descargos y promover pruebas ¡mientras no se haya notificado la Resolución culminatoria! (ilícitas pretensiones de formalizar el procedimiento, establecer la preclusión, restringir la búsqueda de la verdad real, por la infeliz redacción del art. 188, la regulación limitante del art. 189 COT y la inconsistencia normativa con el art. 158 COT; y, desigualdad y falta de eficiencia y racionalidad (arts. 21.1 y 141 C y 10DLOAP) resultantes de que se pretenda que el afectado cuente con 25 días hábiles ó 5 meses, más 15 días hábiles, y la Administración con 1 ó 2 años, según los casos -art. 192 COT-).

 

  • La terminación:

 

a)    Si hubo objeciones de mero derecho, el Acta de Reparo se transforma en un acto definitivo recurrible por la vía jerárquica y judicial (art. 188 COT): ¿Seguridad jurídica? ¿Lapso de caducidad de la impugnación? ¿Recurso directo en lugar de descargos?

b)    La Resolución culminatoria del sumario: notificada en iguales condiciones que la providencia inicial (art. 191 COT): Derecho a la motivación (arts. 49.1 C, 9 y 18.5 LOPA y 191.5 y .6 COT), al respeto del principio de globalidad del acto administrativo (arts. 89 LOPA y 191.5 COT), a la presunción de inocencia (art. 49.2 C y tratados internacionales), a la información sobre los recursos y a su ejercicio efectivo (arts. 191.9 y 193 COT), a la no ejecución antes de la firmeza definitiva (arts. 26 C y 8.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos) y a la invalidación de pleno derecho del acta en caso de falta de notificación de la Resolución en el lapso anual o bianual, según los casos (art. 192 COT).


[1] Código Orgánico Tributario

[2] Decreto Nro. 6.217 del 15 de julio de 2008, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

[3] Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

[4] Sin perjuicio de las previsiones pertinentes del Decreto Nro. 6.265 del 22 de julio de 2008, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos, de la futura Ley de la Administración Tributaria (art. 121 COT), de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y otros textos normativos, plena o supletoriamente aplicables, como el Código de Procedimiento Civil (art. 148 COT).

[5] Constitución de la República.

[6]Código de Procedimiento Civil.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s